Ayer 4 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que introduce cambios significativos en el mercado de compraventa de créditos dudosos y en la normativa de crédito al consumo e inmobiliario. Esta iniciativa busca reforzar la protección de los consumidores financieros, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que garantiza la estabilidad del sistema bancario.
Principales medidas de la nueva normativa
El texto legislativo plantea diversas modificaciones con el objetivo de equilibrar la relación entre prestamistas y consumidores, evitando abusos y mejorando la transparencia en el sector financiero.
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Límite a los intereses de demora en créditos al consumo
La normativa establece un tope máximo para los intereses de demora, que no podrán superar en más de tres puntos porcentuales el interés ordinario pactado en el contrato. Esta medida busca evitar el sobreendeudamiento de los consumidores ante impagos. -
Mayor protección para deudores en situación vulnerable
Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y otros perfiles considerados vulnerables contarán con planes de pago específicos en caso de que sus créditos sean vendidos a terceros. El objetivo es ofrecerles alternativas para regularizar su deuda sin desincentivar la cultura de pago. -
Nueva regulación para la administración de créditos dudosos
La gestión de estos créditos pasará a estar supervisada por el Banco de España y requerirá una autorización previa. Las empresas que operen en este ámbito deberán cumplir requisitos estrictos en la gestión de reclamaciones y en la protección de los prestatarios. -
Limitación de los gastos por reclamación de impagos
Los prestamistas solo podrán cobrar gastos por reclamaciones si estos reflejan costes reales y han sido comunicados previamente al cliente. Esta disposición busca garantizar mayor transparencia y evitar cargos abusivos.
Siguientes pasos en la tramitación de la ley
El proyecto ha sido enviado al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación en las próximas semanas. Se espera que la normativa entre en vigor una vez supere el proceso parlamentario y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la protección de los consumidores financieros y establecer un marco regulatorio más justo en la gestión de créditos dudosos, asegurando que tanto prestamistas como prestatarios operen bajo condiciones equitativas y transparentes.
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