Iuris Justitia Creditor
Iuris Justitia Creditor (en adelante, IJ Creditor) es una empresa de recobro especializada en la recuperación de impagados y en los servicios jurídicos a acreedores. Se constituyó en 1992 y opera desde su sede principal en Paseo de la Castellana 120, Madrid.
La firma cubre recobro extrajudicial, recobro judicial, recobro internacional e información comercial y de solvencia. A lo largo de su trayectoria, más de 3.000 empresas han confiado la gestión de sus impagados. La actividad incluye reclamaciones B2B y B2C con criterio jurídico, técnico y ético.
Supervisión jurídica de la gestión de recobro
La doble naturaleza de IJ Creditor permite que toda la gestión, también la amistosa, esté supervisada por abogados. Cada comunicación, requerimiento y propuesta de acuerdo se plantea atendiendo a su validez probatoria, al RGPD, a la prescripción y a una eventual vía judicial posterior.
La firma cubre el ciclo completo: conciliación cuando la deuda no está clara, gestión amistosa, estudio de viabilidad, procedimiento judicial y ejecución cuando resultan necesarios.
Cómo trabajamos
El propósito es recuperar la deuda preservando, siempre que sea posible, la relación comercial entre el acreedor y su deudor. La vía judicial se recomienda únicamente cuando la interlocución se ha agotado o no resulta viable desde el inicio.
En fase extrajudicial, los honorarios son a éxito: si no se cobra, no se facturan honorarios variables. En vía judicial, las tarifas pactadas o el presupuesto cerrado son aprobados por el cliente antes de iniciar actuaciones. Las cantidades recuperadas se mantienen en cuenta bancaria separada y se rinden con la periodicidad acordada.
Equipo y red profesional
El equipo integra abogados, gestores de cobro y especialistas en información comercial en la sede principal de Madrid. Para procedimientos en otros partidos judiciales y para el recobro internacional, la firma coordina una red de abogados locales y corresponsales, manteniendo un único interlocutor para el cliente.
Marco normativo de la actividad
La actividad está sometida al Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, al Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 135/2021 y a los códigos de conducta de las asociaciones profesionales a las que pertenece.
Se aplica además la legislación española y europea correspondiente, entre ella el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018, la Ley 18/2022, la Ley 10/2010 y la normativa de recobro transfronterizo.
Sede principal en Madrid
Paseo de la Castellana 120, 28046 Madrid, España.