El Gobierno ha anunciado un aplazamiento de un año en la entrada en vigor del sistema de facturación electrónica Verifactu, con el objetivo de ofrecer más tiempo a empresas y profesionales para adaptar sus programas de gestión.
La medida se ha incluido en un real decreto ley, tras detectarse que muchos negocios aún no contaban con los requisitos técnicos necesarios para cumplir la normativa en el plazo inicial.
¿Por qué se ha ampliado el plazo?
Numerosas pequeñas empresas y trabajadores autónomos todavía no disponían de sistemas informáticos preparados para trabajar con Verifactu. El aplazamiento pretende evitar errores, problemas de implementación y un aumento excesivo de carga administrativa.
Impacto para empresas y profesionales
Esta prórroga permitirá que los negocios organicen mejor su transición a la facturación electrónica obligatoria, reduciendo riesgos operativos y evitando sanciones por incumplimiento.
Nuevas fechas oficiales de obligatoriedad
El nuevo calendario establece dos fases distintas según el tipo de contribuyente:
Empresas que tributan por Impuesto de Sociedades
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Obligación a partir del 1 de enero de 2027.
Resto de empresas y trabajadores autónomos
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Obligatoriedad desde el 1 de julio de 2027, otorgando seis meses adicionales de adaptación.
Un calendario progresivo para minimizar dificultades
El sistema en dos fases busca adaptarse a la realidad del tejido empresarial, especialmente para quienes necesitan más margen para actualizar sus herramientas de facturación.
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